Choferes fantasma: para la Justicia está probado un fraude millonario

Un dictamen de la Fiscalía General Federal de Mar del Plata dio por probada la maniobra del escándalo que aquí se conoce como el de los “choferes fantasma”, cientos de desocupados que jamás se sentaron al volante de un colectivo pero que sin embargo figuraban como empleados de distintas empresas de transporte de pasajeros: los dueños de las compañías y sus contadores fraguaban declaraciones juradas para incrementar la nómina de trabajadores y así cobrar una fortuna en subsidios del Estado. El fraude es millonario: supera los 16 millones de pesos.

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foto: Fabián Gastiarena

El documento que lleva la firma del fiscal general Daniel Adler, al que tuvo acceso Clarín, insta además a que se profundice la investigación a fin de determinar la eventual participación de funcionarios públicos.

El caso lo publicó este diario en su edición del 12 de noviembre del año pasado. A partir de ese informe, días después el Ministerio de Transporte de la Nación comenzó a investigar e hizo intervenir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Con las pruebas reunidas, el apoderado del ministerio, Héctor Krantzer, se presentó ante el fiscal Fernando Berlingeri, de la UFI 10 de Delitos Económicos de Mar del Plata, que entonces llevaba la investigación. Luego, por tratarse de un delito contra el Estado, el abogado de los “choferes fantasma”, Julio Hikkilo, de la Casa del Trabajador, pidió que la investigación continuara en órbita de la Justicia Federal, y allí tuvo sanción.
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El juez federal Santiago Inchausti tiene procesados sin prisión preventiva a media docena de empresarios y apoderados, les imputa el delito de defraudación contra la administración pública. A todos les trabó embargos sobre sus bienes por 20 millones de pesos.

Adler no convalidó ningún argumento de las defensas de los empresarios: “el hecho escapa de la órbita de una mera infracción administrativa, como parece pretender la defensa, cayendo en la esfera del derecho penal”. Y se basa en el monto de la maniobra denunciada, en la pluralidad de actores y en “la compleja organización de la maniobra desplegada”.

Sobre el embargo de 20 millones, que la defensa considera “injustificado”, el fiscal Adler entiende en su dictamen que el monto “resulta razonable en función de la gravedad de los hechos y el monto del perjuicio ocasionado”.

Los empresarios procesados son Juan María Inza Decaux, Juan María Inza Irisarri y Federico José Pomero. El proceso alcanza también a sus gerentes y apoderados Diego Basílico, Jorge Alberto Ferraresi y Carlos Málaga. En su conjunto, son los responsables de las empresas de transporte urbano “25 de Mayo SRL”, “Transportes Peralta Ramos SRL”, “12 de Octubre SRL” y “El Libertador SRL”.

“Todos los encartados tenían pleno conocimiento de lo que ocurría”, indica la Fiscalía General, y cita el expediente: “Desarrollaron con conocimiento y voluntad ejecutante los elementos del delito que se les imputa, habiendo actuado con dolo directo. En menos de un mes hicieron pasar un incremento de personal del 30% e incrementaron sus ingresos por 16 millones de pesos en tres meses. Ninguno de los que haya estado a cargo de esas cuatro empresas pudo estar al margen de tamaña maniobra”.

La Justicia probó que los empresarios usaron como ardid la inscripción en los listados de personal a quienes en distintas oportunidades habían aportado sus currículums a las empresas.

Los “choferes fantasma” son 357. A algunos los habían inscripto de manera simultánea como conductores en más de una empresa, y fueron ellos mismos quienes alertaron de la maniobra: cuando fueron a cobrar la Asignación Universal por Hijo en la ventanilla de pago les informaron que era imposible: “Usted cobra 20 mil pesos en la empresa de colectivos, ya no puede percibir su beneficio”, oyeron con sorpresa.

En los próximos días se expedirá la Cámara Penal.

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