Corrupción en la AFA: Con duras críticas a un juez, el fiscal de Santiago del Estero apeló el rechazo a su pedido de detención de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, apeló este lunes ante la Cámara Federal de Tucumán la desestimación de su pedido de detención contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. Simón cuestionó duramente al juez Sebastián Argibay, quien rechazó la solicitud y declaró la incompetencia de los juzgados de Santiago del Estero para continuar con la causa.

Corrupción en la AFA: Con duras críticas a un juez, el fiscal de Santiago del Estero apeló el rechazo a su pedido de detención de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

En su dictamen, el fiscal acusó a Tapia y Toviggino de asociación ilícita agravada y lavado de activos, vinculados a diversas maniobras financieras e inmobiliarias. En el escrito de apelación, detalló la rápida actuación de Argibay, que desestimó el pedido de detención apenas una hora después de reasumir sus funciones tras unas vacaciones en Miami, y antes de que la Cámara Federal de Tucumán lo apartara del caso.

Simón señaló que la resolución del juez se basa en argumentos genéricos y no analiza la vasta evidencia presentada por el Ministerio Público Fiscal, que incluye adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama, transferencias bancarias y roles específicos de cada imputado. Además, negó que su dictamen careciera de detalles sobre actos de disposición patrimonial, destacando que el motivo del apartamiento del juez fue la venta, realizada a través de su hija, de un inmueble denominado Lote “W-1” en Maco a Darío Fabián Toviggino —hermano del tesorero— y Rosalía Argañaraz.

El fiscal subrayó que Argibay desestimó el requerimiento fiscal de 181 páginas sin analizarlo en profundidad, y que ni siquiera esperó a que la resolución quedara firme para remitir las actuaciones a Campana, vulnerando el derecho a la revisión del Ministerio Público. También cuestionó que la defensa haya accedido de forma irregular a las constancias del expediente, lo que facilitaría maniobras para obtener el sobreseimiento.

En el marco de la investigación, se reveló que la AFA transfirió un total de 3.633.013.825 pesos a cuentas vinculadas con empresas relacionadas con Toviggino, entre ellas SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS, todas operando en el Banco Coinag. Este movimiento financiero, por su magnitud y falta de justificación económica documentada, constituye un “indicador de riesgo” que obliga a las autoridades a investigar el origen de los fondos, en línea con compromisos internacionales contra el lavado de dinero.

El fiscal enfatizó que la extensión y el nivel de detalle de su requerimiento demuestran que el juez Argibay rechazó el pedido sin analizarlo adecuadamente, y cuestionó la contradicción en sus fundamentos: mientras niega la existencia de ilícitos y lavado de activos, ordenó remitir la causa a otra jurisdicción por una supuesta estafa.

Dos semanas atrás, Argibay desestimó el requerimiento del fiscal y declaró la incompetencia territorial de su juzgado, enviando la causa al juez de Zárate-Campana, Adrián Gonzalez-Charvay, quien luego la devolvió a Santiago del Estero. Tras la recusación de Argibay, la investigación está ahora en manos del juez federal Guillermo Molinari. Por estas irregularidades, Simón solicitó que se evalúe la conducta de Argibay ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El pedido de detención e indagatoria contra Tapia, Toviggino y su círculo familiar y empresarial se basa en la presunción de que operan una organización criminal nacional e internacional con altos recursos económicos, capaces de entorpecer la investigación o fugarse del país. Los delitos atribuidos, asociación ilícita agravada y lavado de activos, implican penas mínimas de ocho años de prisión y, en caso de condena, serán de cumplimiento efectivo.

Según el fiscal, Tapia autorizó transferencias de fondos de la AFA a empresas vinculadas a Toviggino, como Real Central SRL, propietaria de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. Además, la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, que desde 2021 recaudó alrededor de 400 millones de dólares a partir de la Selección de Lionel Messi, emitió facturas a favor de firmas asociadas a Toviggino.

Entre los imputados también figuran Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán Del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.

Como sospechosos, el fiscal nombró además a María Florencia Sartirana, Juan Pablo Beacon, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Carlos Bruno Seguel, Juan Manuel Chazarreta, Gabriela Verónica Coronel Peña, Fernando Figueroa, Gustavo Fabián Quijano, Gabriel Leonardo Gorosito y Julio César Araujo.

La investigación apunta a una defraudación sistemática, organizada y prolongada en perjuicio de la AFA, con maniobras que incluyen evasión fiscal, emisión de facturas falsas y operaciones con el dólar blue.

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