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La interna del oficialismo en Lanús se expone con una medida sin precedentes. Sebastián Castillo, secretario de Seguridad del municipio, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue una serie de pintadas con la consigna “Cristina Libre” y la firma “La Cámpora” que aparecieron en distintos puntos del distrito gobernado por el intendente camporista Julián Álvarez.
La denuncia fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Avellaneda-Lanús y solicita identificar a los responsables de las pintadas, que, según Castillo, ocasionaron daños a bienes públicos y privados. Además, se pide preservar pruebas, analizar cámaras de seguridad y determinar tanto a los autores materiales como a los posibles organizadores de los hechos.
El episodio cobra especial relevancia por tratarse de un municipio administrado por dirigentes de La Cámpora, la organización que firmó las pintadas y que, desde la confirmación de una condena contra Cristina Kirchner, ha convertido el lema “Cristina Libre” en una de sus principales consignas de militancia. En los últimos meses, la agrupación desplegó campañas de pintadas y acciones callejeras en distintas zonas del país para reclamar la liberación de la ex presidenta.
Incluso, La Cámpora de Lanús difundió en redes sociales imágenes de sus militantes realizando estas pintadas en las calles del municipio.
En el documento judicial, Castillo detalla que los hechos ocurrieron en diferentes lugares y fechas dentro del partido de Lanús. La denuncia indica que las leyendas fueron pintadas sobre diversos inmuebles, con un relevamiento adjunto que especifica cada episodio presentado ante la fiscalía.
El funcionario afirma que, al menos de forma preliminar, las acciones podrían encuadrarse en el delito de daño previsto en el Código Penal. Sin embargo, subraya la importancia de que la investigación no se limite al perjuicio material ocasionado.
Por este motivo, solicitó la intervención de la UFI N° 5, especializada en delitos contra las instituciones, argumentando que la reiteración de este tipo de hechos afecta la convivencia social y posee una dimensión institucional, además del daño material generado por las pintadas.
Entre las medidas solicitadas a la Justicia figuran el relevamiento de fotografías, filmaciones, registros de cámaras públicas y privadas, reportes de campo, testimonios y cualquier otro elemento que permita reconstruir cómo se llevaron a cabo las pintadas. También se pidió identificar los materiales utilizados, como aerosoles, brochas o rodillos, y tomar las pruebas necesarias para preservar la evidencia.
La presentación solicita, además, individualizar a los autores y a quienes pudieron haber participado en la organización de los hechos, y avanzar con las diligencias necesarias para establecer responsabilidades penales.
Esta denuncia abre un nuevo foco de tensión política en Lanús, uno de los principales bastiones del kirchnerismo en el conurbano bonaerense. Julián Álvarez, referente de La Cámpora y exfuncionario nacional durante los gobiernos de Cristina Kirchner, recuperó el municipio para Unión por la Patria en 2023 tras ocho años de gestión de Juntos por el Cambio. Desde entonces, la gestión local ha enfrentado múltiples episodios de fuerte confrontación política y cuestionamientos por parte de la oposición.
El conflicto adquiere ahora un matiz particular: la investigación judicial fue impulsada por un funcionario del propio gobierno municipal y busca esclarecer pintadas firmadas por la organización política a la que pertenece el intendente. En algunos sectores del PJ comienzan a interpretar la denuncia como un posible acercamiento del intendente al gobernador Axel Kicillof, quien actualmente mantiene un distanciamiento con La Cámpora y el kirchnerismo. La fiscalía será la encargada de determinar si existió delito, quiénes fueron los responsables y si detrás de las pintadas hubo una acción organizada o se trató de iniciativas individuales.
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