Industria y comercio registraron 32.379 incorporaciones bajo el nuevo régimen laboral

La industria manufacturera y el comercio registraron en conjunto 32.379 incorporaciones mediante el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), durante sus primeros cuatro meses de vigencia, entre mayo y agosto. El dato surge de un informe de la Secretaría de Trabajo y representa casi el 40% de las altas computadas en todo el programa, que sumó alrededor de 82.000 puestos. El esquema busca facilitar que empresas incorporen como trabajadores en relación de dependencia a personas inscriptas como monotributistas o despedidas del sector público. Como incentivo, reduce las contribuciones patronales durante cuatro años.

El comercio explicó 20.348 de esas incorporaciones y la industria manufacturera, 12.031. En cuanto a las empresas participantes, utilizaron el régimen 9.100 firmas comerciales y 3.781 industriales. Las cifras contabilizan altas realizadas bajo el programa, pero no permiten determinar por sí solas cuántas de ellas se produjeron gracias al incentivo y cuántas se habrían concretado de todos modos.

La evolución de las plantillas sectoriales muestra, además, que las altas del RIFL no se tradujeron en un aumento del empleo total en esas actividades durante el período analizado. Según los registros del SIPA citados por la cartera laboral, la industria perdió 34.100 puestos entre mayo y agosto y el comercio redujo su dotación en 6.900. Así, las incorporaciones registradas dentro del esquema coexistieron con una caída neta de empleo en ambos sectores.

El informe también distingue este régimen de la Promoción del Empleo Registrado, un capítulo de la reforma destinado a que las empresas declaren trabajadores que mantenían en situación irregular, con condonación de deudas por aportes. Para ese programa, cuya finalización estaba prevista para noviembre, la Secretaría de Trabajo todavía no contaba con información oficial sobre los avances. En cuanto al RIFL, el organismo advirtió que contabilizar las altas no alcanza para establecer el efecto neto de la política sobre el empleo registrado.