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La adjudicación del 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio integrado por Transclor sitúa en el centro de la escena al empresario Mauricio Filiberti.
Tras décadas como el proveedor monopólico de los insumos químicos para la potabilización, el magnate pasa a controlar de manera directa la operación y los destinos de la mayor distribuidora hídrica de América Latina.
La definición de la licitación pública internacional para la venta de AySA por US$ 340,2 millones no solo marca el hito más rutilante del plan de privatizaciones del Poder Ejecutivo, sino que consagra una de las maniobras corporativas más significativas del capitalismo de servicios argentino. El nombre que acapara todas las miradas en los despachos políticos y financieros es el de Mauricio Filiberti, conocido históricamente en el sector público y empresarial como el «Rey del Cloro».
A través de su firma Transclor, Filiberti integró el consorcio ganador junto a Rowing S.A. (de Walter Román), la brasileña Arcos y el vehículo financiero PHX, imponiéndose sobre la propuesta del Grupo Roggio.
De proveedor excluyente a dueño absoluto: La integración vertical perfecta
El salto de Filiberti al control de AySA representa la culminación de un proceso de consolidación de negocios que abarca más de dos décadas:
El monopolio de los insumos clave: Durante años, Transclor fue el proveedor casi exclusivo de cloro y policloruro de aluminio para la potabilización del agua que consumen más de 14 millones de habitantes en la CABA y 26 municipios del Conurbano. La relación comercial generó controversias recurrentes en el Congreso y en la Justicia por la duración y las condiciones de las contrataciones directas.
Integración de la cadena de valor: Con la toma de posesión del 90% del paquete accionario de AySA, Filiberti logra una integración vertical inédita: la empresa que él controla pasa a comprarle los insumos químicos a su propia fábrica de cloro, eliminando cualquier tipo de intermediación o licitación pública estatal.
Músculo financiero y conexiones transversales: El perfil de Filiberti excede el rubro químico. Socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, el empresario ha demostrado una capacidad de interlocución transversal con administraciones de muy variado signo político, garantizando la continuidad y expansión de sus contratos clave a lo largo de distintos períodos de gobierno.
Los desafíos de la gestión y la lupa sobre la neutralidad tarifaria
La llegada del grupo comandado por Filiberti al frente de AySA plantea serios interrogantes regulatorios y económicos:
Conflicto de intereses y precios de transferencia: Como nuevo operador de la red, el consorcio deberá transparentar los costos de adquisición de insumos a Transclor para evitar que las compras intra-firma inflen artificialmente la estructura de costos.
Financiamiento de obras en el Conurbano: El pliego privatizador exige mantener coberturas mínimas del 90% en agua y 75% en cloacas. En un contexto de recesión e ingresos ajustados, el consorcio deberá balancear el flujo de inversiones requeridas sin estrangular el bolsillo de las familias bonaerenses con tarifazos impagables.
El contrapeso sindical: La permanencia del 10% del paquete accionario en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP) mantiene al gremio SGBATOS dentro del directorio, configurando una convivencia obligada entre la nueva patronal privada y la representación sindical histórica.
Análisis PRISMA:
La paradoja del capitalismo privatizador argentino
La venta de AySA a favor del consorcio donde participa Mauricio Filiberti expone una paradoja estructural: la privatización de una empresa estatal no siempre atrae a nuevos competidores o fondos de inversión internacionales disruptivos, sino que reasigna el control a los propios contratistas e insumidores que crecieron al amparo del Estado.
Filiberti pasa de cobrarle facturas multimillonarias a la administración pública a manejar la caja cobrándole las facturas directamente a los usuarios.
El éxito o fracaso de este nuevo esquema dependerá de la capacidad de los organismos de control para fiscalizar que la rentabilidad empresaria no se traduzca en una degradación del servicio ni en un ajuste desmedido para la clase media y los sectores populares del Gran Buenos Aires.
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