¡VERGUENZA NACIONAL..!! ¿Cómo vamos a golpear las puertas de la Justicia ante los atropellos del Gobierno si la SUPREMA CORTE está comprada..???
El Gobierno de Javier Milei oficializó la designación de tres nuevos magistrados federales en una provincia clave para la agenda de seguridad y narcotráfico.

Emilio Rosatti
En un movimiento que refuerza su influencia sobre el mapa judiacial, el gobierno de Javier Milei oficializó la designación de tres nuevos magistrados para Santa Fe. A través de la publicación de los decretos correspondientes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo avanzó en la cobertura de vacantes clave, donde se destaca Emilio Rosatti, el hijo del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Estas decisiones, que cuentan con el aval previo del Senado, se dan en un contexto de profunda reconfiguración del Estado y la celeridad para ocupar espacios de poder permanente en los tribunales.
El foco de la medida recae sobre el Decreto 445/2026, mediante el cual el Presidente resolvió nombrar al doctor Rosatti como Juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. El nombramiento, firmado conjuntamente por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, coloca al hijo del supremo en una posición estratégica dentro de una jurisdicción asolada por la criminalidad compleja y el narcotráfico. Si bien el proceso cumplió con los pasos constitucionales de rigor, la designación de un apellido con tanto peso institucional no pasa desapercibida.

Horacio Rosatti, Juez de la Suprema Corte
El avance oficial sobre los tribunales de Santa Fe no se agotó en la capital provincial. En la misma edición del Boletín Oficial, se ratificaron los nombramientos de Santiago Joaquín Saux como Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela y de Walter Alberto Rodríguez al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe. Este desembarco coordinado de nuevos magistrados federales parece responder a una necesidad de oxigenar una justicia sobrepasada, aunque la celeridad para estos casos contrasta drásticamente con otras áreas donde el Gobierno decidió desmantelar estructuras de política pública.
Demora de reformas estructurales
Mientras el Poder Ejecutivo demuestra una eficiencia notable para instalar nombres propios en las sillas de la magistratura santafesina, el Ministerio de Justicia emitió la Resolución 274/2026, en la cual se decidió diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hasta marzo de 2027. Esta postergación del sistema acusatorio, un modelo que busca mayor agilidad y transparencia en las investigaciones penales, sugiere que para la administración libertaria es más prioritario quiénes ocupan los juzgados que la implementación de procesos que limiten la discrecionalidad judicial.
El despliegue de poder en el ámbito de la justicia federal ocurre, además, en una semana donde el Gobierno ratificó la liquidación total de herramientas de asistencia social y habitacional. La misma mañana que oficializan la llegada de Rosatti al tribunal, se detallan los procedimientos para subastar predios públicos tras la disolución del Fondo Fiduciario ProCreAr. Resulta revelador el contraste: el Estado se retira de la garantía de derechos básicos como la vivienda, argumentando falta de fondos, pero redobla sus esfuerzos administrativos para asegurar el control de la estructura judicial.
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