La visita a Alfredo Astiz por parte de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) no fue la única con carácter oficial. El Ministerio de Defensa confirmó lo que había revelado este diario: Luis Petri envió a dos de sus hombres a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Allí están alojados algunos emblemas de la dictadura como el cura Christian Federico Von Wernich o Julio Simón –conocido como el “Turco” Julián–. También se encuentra Athos Renés, el suegro del número dos de Defensa, Claudio Pasqualini. Los funcionarios no se fueron con las manos vacías, según pudo reconstruir Página/12: se llevaron un boceto de decreto para declarar que todos sus crímenes ya no se pueden perseguir por el paso del tiempo, lo que estaría en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema que sostiene que son delitos imprescriptibles.

Es una confirmación de que las unidades que alojan genocidas –la 31 (Ezeiza) y la 34 (Campo de Mayo)– se convirtieron en un destino frecuente desde el 10 de diciembre. Algunos de los diputados que se encontraron con Astiz ya habían estado con otros represores que están encarcelados en la guarnición militar.

Respuesta al pedido de acceso a la información formulado por Página/12.
Página/12 consultó con distintos funcionarios de Defensa y la respuesta fue unánime: Nunca se hizo una visita de este tipo. No corresponde. Es una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) –que actualmente depende de Patricia Bullrich— y la Dirección Nacional de Derechos Humanos no fue creada para velar por los intereses de los criminales de lesa humanidad.

En Defensa, buscan justificar la excursión al penal diciendo que, en realidad, la cartera es responsable de las refacciones y el mantenimiento del edificio. “Si es así, ¿por qué no fue el responsable de Inmuebles del Ministerio de Defensa?”, responde una persona que conoce al dedillo cómo funciona la Dirección Nacional de Derechos Humanos.

La visita se inscribe en una “nueva impronta” que Petri quiere darle al área de derechos humanos del Ministerio de Defensa, que reivindique la “memoria completa” –el concepto que se horneó dentro de la jefatura del Ejército, a finales del siglo pasado, para responder al reclamo de memoria, verdad y justicia de los organismos de derechos humanos.

Tan solo 21 días después de la visita a Campo de Mayo, Erbes comunicó el despido de los expertos que relevaban y analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas por crímenes de lesa humanidad. Petri los acusó de ser un “grupo parajudicial” que hacía “macartismo” contra los militares.

Después de echar a los expertos, Erbes abrió la dirección a Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, militantes de organizaciones de “memoria completa”. Larrabure es el vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside Victoria Villarruel. Ibarzábal, que es dirigente de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), es compinche de Cecilia Pando y con ella recorría los penales para ver a quienes llaman “presos políticos”. En sus primeras declaraciones oficiales a la prensa, Larrabure pidió la domiciliaria para los mayores de 75 años e Ibarzábal reivindicó la visita de seis diputados de LLA a Astiz y otros represores. Calificó la excursión a la cárcel de Ezeiza como un “acto valiente”.

Madero hizo campaña por Patricia Bullrich, pero se referencia en Villarruel. Fue el primer funcionario en negarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para encontrar a los bebés que fueron robados durante los años de la dictadura o inmediatamente anteriores. En sus redes sociales se ocupó también de acusar al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de querer destruir la Patria por denunciar el acto reivindicatorio de la dictadura que tuvo lugar dentro del sitio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La Unidad 34 de Campo de Mayo tiene canchas de tenis y circuitos para caminata.

El pliego de los genocidas

Los organismos de derechos humanos denuncian desde hace años que la Unidad 34 de Campo de Mayo es una cárcel VIP para criminales que vistieron uniforme. Se cerró en 2013 y fue reabierta durante el macrismo. Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), actualmente hay 56 personas presas por delitos de lesa humanidad en ese lugar.

La Unidad 34 está dividida en cinco pabellones. Tiene espacio para 115 internos, lo que significa que está a la mitad de su capacidad. Las habitaciones son amplias e iluminadas. Según un relevamiento que había hecho la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, había una heladera cada dos reclusos. Muchos de ellos tenían televisor en sus celdas y hasta podían gozar de canchas de tenis.

Las cuestiones edilicias no son, a simple vista, un problema. Cuando Erbes y Madero fueron a Campo de Mayo, los represores los estaban esperando con una serie de reclamos y propuestas. Algunos pedían la libertad condicional como Julio Simón –el “Turco Julián”, cuyo caso reabrió el proceso de juzgamiento–, Juan Daniel Amelong –a quien Villarruel consideró una “víctima” o Eduardo Ramos, represor de Rosario. Mario “Churrasco” Sandoval –extraditado desde Francia, juzgado y condenado por el secuestro de Hernán Abriata, uno de los detenidos-desaparecidos de la ESMA– hizo una extensa queja de todo el proceso de justicia en la Argentina.

Los dos funcionarios se fueron con una propuesta concreta: los represores quieren que Javier Milei dicte un decreto para declarar que el proceso penal no puede tener una duración mayor a 25 años y que ese plazo rige desde la comisión del delito. Por ejemplo, Astiz secuestró a las Madres de Plaza de Mayo, las dos monjas francesas y los otros siete militantes que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Según la propuesta de los encarcelados, esos crímenes deberían darse por vencidos desde diciembre de 2002. La propuesta busca desconocer lo que ya dijo la Corte Suprema argentina: que cometieron crímenes contra la humanidad y que son imprescriptibles.

Hay mucha molestia entre quienes están privados de su libertad en la Unidad 34. Jorge Di Pasquale, un oficial de inteligencia de Ejército condenado por delitos de lesa humanidad que solía recibir visitas de Villarruel, despotricó días atrás en una carta en La Nación: “Es menos indignante que nos mantengan ilegalmente encarcelados nuestros enemigos que permanecer privados de la libertad por quienes entienden que estamos detenidos a partir de procesos írritos”.

Mitines políticos

El 15 de marzo, ocho días después de la visita de Erbes y Madero, llegaron Beltrán Benedit y Alida Ferreyra Ugalde a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Son dos de los seis diputados que el 11 de julio pasado fueron a Ezeiza a entrevistarse con Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Raúl Guglielminetti, entre otros. Benedit escribió en sus redes sociales que está trabajando por la pronta liberación de “todos los patriotas”.

Benedit se convirtió en un habitué en las dos unidades penitenciarias en las que hay criminales de lesa humanidad. Un abogado que sabe lo que pasa en esos penales contó a este diario que había estado en Ezeiza semanas antes y se había comprometido a volver con algunos colegas de la Cámara de Diputados. Y no les falló.

Con una camioneta oficial, Benedit llegó acompañado de Guillermo Montenegro –que hasta principios de año fue la sombra de Villarruel en el Senado–, Ferreyra Ugalde, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. El vehículo partió a las 12:57 desde el Congreso y retornó a las 19:12, lo que implicaría que el encuentro no fue breve.

Otra fuente que suele concurrir a Ezeiza le dijo a este diario: “Se comenta que desde comienzos de año se hacen mitines políticos, que reciben las visitas de diputados o senadores”. En los tribunales de Comodoro Py también tienen en el radar otras excursiones de diputados empáticos con los “patriotas” de la picana.

La bendición

Excapellán de la policía bonaerense, Von Wernich tiene una condena a prisión perpetua por el asesinato de siete personas y más de 40 secuestros. El año pasado pidió la libertad condicional pero tuvo que retirar la solicitud después de que se negaran a recibirlo en un hogar para sacerdotes de Flores. Está en Campo de Mayo. Desde allí, escribió una carta saludando la visita de los seis diputados a quienes se encuentran en la Unidad 31 de Ezeiza. “Con el compromiso de su juramento frente a los Santos Evangelios decidieron visitar presos en determinada fecha y llevar el mensaje esperanzador de sus oraciones para alimentar la fe de los ancianos y enfermos que estaban visitando”, escribió.

No fue el único que se dedicó al género epistolar. Dos abogados que intentaron que la Cámara Federal de Casación Penal fijara nuevas condiciones para la prisión domiciliaria para los mayores de 70 también enviaron cartas a La Nación para defender a los seis legisladores cuya remoción es reclamada por organismos de derechos humanos, Unión por la Patria (UxP) y el FIT. Uno de ellos fue Guillermo Fanego, que saludó la visita de Benedit y compañía por ser “en ejercicio del mandato confiado por el pueblo”. Su colega María Laura Olea también cerró filas: “No son los diputados los que deben dar explicaciones o ser sancionados por ir a visitar a ancianos presos en la cárcel, sino los que allí los tienen encerrados violando la ley que dispone que a los 70 la detención debe cumplirse en domicilio”.

Ni la aplicación es automática ni se trata de personas desvalidas. Son las que siguen guardando silencio sobre el destino de sus víctimas.